sábado, 10 de diciembre de 2011

15).-La ética de los Abogados

 Alma de la Toga.

Abogados Caricatura.
IMAGEN SOCIAL FRENTE A SU NECESIDAD DEL ABOGADO.

    ¿Cuándo se conoce que un abogado miente? Cuando mueve los labios.
La imagen pública de los profesionales de la toga no está asociada precisamente a la ética como se deduce fácilmente del popular chiste anterior, uno más entre los innumerables que circulan por todos los medios, en todos los idiomas y en todas las culturas.
Es indudable que los abogados cumplen una trascendental función. Su  preeminencia en  el  ámbito  social  no  es  desconocida, pero su  actividad se asocia a la transgresión  de los principios éticos.
Desde su aparición -advocatus quien habla en nombre de otro ante quien le juzga-, la ciencia jurídica y el profesional o técnico que la desarrolla surgen paralelamente con la defensa de derechos ante los tribunales y con las exigencias éticas del Abogado: “Oportet ut bonas causas et veraciter agant advocati”
Durante siglos no han variado las funciones de los Abogados pero los profundos cambios operados en  el  medio económico social mundial no son ajenos a la actividad del letrado.  La globalización,   el capitalismo desenfrenado,  la competitividad,  la  ampliación de mercados hacen necesario  un incremento de los valores que enmarcan  la  actividad jurídica y un refuerzo  para que la avidez económica que  se apodera de todas las profesiones, no empañe los principios fundamentales del ejercicio de la Abogacía.
Los Colegios de Abogados como Asociaciones o Sociedades típicas que agrupan a los ejercientes como tales en un determinado ámbito así lo han sentido. La búsqueda de los razonamientos éticos les ha llevado al establecimiento de una serie de  principios básicos que  funcionen como puntos de  orientación fundamentales y al establecimiento de Códigos éticos o dentológicos de los Abogados, fijando las individuales normas de la ética del abogado persona autónoma como normas heterónomas procedentes de la autoridad del colectivo de Abogados constituido en corporación pública y que en la Deontología profesional cristaliza la reflexión colectiva a lo largo de la historia de la Abogacía, sin perjuicio de que el Estado y las entidades supraestatales también estén regulando la ética profesional del Abogado (Principios báscos sobre la función de los Abogados, VIII Congreso Naciones Unidas 1990)
Un  profesional cuyo trabajo  es  pedir justicia para los demás: eso  es un abogado. El  ciudadano acude al profesional habitualmente una vez  que  su conflicto  no lo puede resolver particularmente.  Su  función peculiar permite encadenar al hombre promedio  con  la Administración  judicial, en busca de la tutela judicial efectiva.  Y este derecho a la tutela de la Ley aplicada por el Juez no  es el único que queda protegido gracias a la actuación del  abogado, pues esta profesión es instrumento en la garantía de toda una serie de bienes fundamentales de la persona. El  Ciudadano tiene, entonces,  acceso a la jurisdicción y el  derecho a obtener una decisión fundada en derecho.
Estas líneas están encaminadas a una breve reflexión sobre la ética del ejercicio profesional del derecho, en el sentido de principios y conclusiones de la ética concreta aplicada a la vida profesional. Nos referiremos a la permanencia de unas líneas maestras que han sido fundamentales en la concepción de la Deontología del ejercicio del Derecho.
Se intenta discernir el papel de la ética en la  evolución del derecho contenporáneo y aproximar al individuo común al  rol  desempeñado  por  los abogados en los tribunales y fuera de ellos.
El comportamiento incorrecto de un letrado daña al cliente y produce un claro perjuicio en  los abogados honestos,  dañando su imagen.  El  abogado tiene una responsabilidad social y  la  sociedad no perdona las actuaciones negligentes e irresponsables.
Lograr que un abogado sea un buen profesional depende de muchos factores: lo procesos de formación teórica deben mejorar en un mundo tan cambiante como es el actual de nuestra Sociedad de Redes,  así  como  los  Colegios deben implicarse más en el  cumplimiento por parte de los colegiados de las normas deontológicas.  La enseñanza  de  normas éticas en los estudios universitarios nunca  se puede considerar  excesiva y, sin embargo, se relega a asignaturas irrelevantes perdidas en los cursos. Los cambios a realizar, requieren una implicación profunda por parte de  los letrados pues sin su acción las normas deontológicas caerían en terreno estéril  y  no  darían fruto alguno.
Dentro de un Estado de Derecho,  el buen funcionamiento de la justicia es fundamental pero  esa justicia debe fluir a través de la interpretación de la ley. La misión del abogado es contribuir  a su realización: dar a cada uno lo suyo. 
El  progreso  económico ha descubierto nuevas posibilidades para la persona y un despliegue tan variado de necesidades ha provocado en el hombre la obsesión del consumo.  Sus deseos ya no están circunscritos a la mera necesidad de subsistencia sino que aspira a satisfacer sus necesidades como persona humana.  El  abogado ofrece sus  servicios profesionales  y,  a  través de ellos, contribuye a  satisfacer necesidades humanas como la  seguridad y tranquilidad.
La  abogacía, cumple una función social. Los intereses particulares deben articularse a los intereses generales de la sociedad. Por lo tanto, la misión pasa de individual a colectiva.  Su labor se  desarrolla en medio  de una importante preocupación para la sociedad sobre sus poderes reales y, en consecuencia, es objeto de severas regulaciones legales. El abogado debe tener presente la alta función que la sociedad le confía, que supone la defensa efectiva de los derechos individuales y sociales que son la espina dorsal del  Estado de Derecho.
Esa sociedad occidental -en nuestro caso-, que pretende ignorar la problemática derivada de la obediencia al derecho en las sociedades  occidentales, que cuentan con Declaraciones de Derechos y Libertades de la Persona, a diferencia de las  sociedades orientales, que según palabras del propio Gandhi no conciben los derechos humanos desligados de una carta de los Deberes del Hombre.
Dicha sociedad  no  tiene claro  quiénes son  los  abogados y  qué pueden aportar  en  beneficio de la colectividad como ya hemos puesto de relieve.  La profesión ha descuidado el  marketing,  permitiendo a otros colectivos adquirir una posición reforzada frente al público. La Abogacía debe  concebir con precisión su imagen real en la sociedad, pues  frente  a otros  colectivos  profesionales que han establecido una comunicación  con  el público, su letárgica reacción  no se concibe.

LAS NORMAS ÉTICA DEL ABOGADO.


El  establecimiento de normas  deontológicas del  abogado  es  una  exigencia  universal como se  aprecia,  al  dictado de  diversos Códigos Deontológicos  a través de todo  el  mundo y que proceden de raices históricas como las romanas o cristianas como las Ivo Hélori, santo patrón de los abogados.
La actuación  del  letrado  ha  evolucionado paralelamente  a  los  derechos  del  hombre, haciendo uso de las herramientas con  que  contó  en  cada época esto es con las normas que quien ostentase el poder de juzgar reconociese como obligatorias fueren la costumbre, la jurisprudencia, el Decálogo mosaico o la Constitución.
Al  igual  que  los fundamentos filosóficos de los derechos humanos son  de  capital  importancia  para su defensa y promoción, la  defensa de los Derechos sólo puede darse efectivamente dentro  del  marco del Estado  Social  y  Democrático de Derecho, a  través de un instrumento: el letrado.
El  sistema  adoptado  para regular  las  condiciones  de  ejercicio  de  la  abogacía  ha  sido el  dictar normas en cada legislación, sin  perjuicio de la  existencia de normas  regionales  como  es  el  Caso  de  la  Unión  Europea.
Las actuaciones de control  se  desarrollan a  través de dos medios: Inicialmente, la definición de reglas de conducta y por otra parte tenemos la aplicación de estas normas por medio de órganos de control deontológico.
La  actuación del letrado que  hoy  trasciende las  fronteras nacionales  ha requerido  también una regulación  supranacional, normativa  obligada  tras  la  eliminación  de  fronteras  en  el espacio europeo, los  sistemas jurídicos,  no pueden  considerarse más como  sistemas cerrados en cada estado.
 El  problema  del  Código Deontológico no es  un  problema de fundamentación  pues  a  nivel mundial se  ha reconocido su  existencia sino un  problema de concreción.
Estos sistemas  de  autodisciplina,  servirán  como  complemento a la acción de los poderes públicos.   Los códigos deontológicos están basados  en  un compromiso de responsabilidad social  como  contrapartida  al  elevado  índice de  libertad  de ejercicio
No podemos perder de vista que la actividad profesional ahora exige la creación de equipos de abogados y multidisciplinares con la intervención de otros profesionales que   hacen más complicado la aplicación de una ética estricta de la Abogacia a personas que no lo son y, sin embargo no se puede eludir que el Abogado es responsable de que su equipo se rija por los mismos principios éticos que le sean exigibles personalmente por sus clientes, sus adversarios, los poderes públicos...

LOS PRINCIPIOS ÉTICOS BÁSICOS  EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN.

Siguiendo los textos legales vigentes que hemos citado y sin ánimo de exhaustividad quiero exponer algunos principios básicos que no son más que valores plasmados en normas concretas –reglas cuya cita y análisis evito en la medida de lo posible por no excederme del objetivo de esta obra-. Estos principios se superponen y repiten inevitablemente

·         Independencia del Abogado

         Se refleja esencialmente en la libertad del  abogado de asumir la  dirección  de un asunto  y en la del  cliente de elegir  al  letrado que desee y de cesar la relación  profesional cuando  lo estime conveniente.
         La  independencia se convierte en  un derecho-deber y a la vez en un requisito básico  del  Estado de Derecho,  que  permite al abogado rechazar las instrucciones que atenten contra sus propios criterios, debiendo cesar en el asunto cuando considere que no  puede continuar con absoluta independencia.      
         La  única  limitación  de  esta independencia se encuentra en la propia  ley  y en las normas deontológicas que permiten obligar a defender “de oficio” lo indefendible para evitar la indefensión del ciudadano.
El abogado no  puede desarrollar funciones o  ejercer otra  profesión  paralela a la  abogacía que produzca  una  presión  física o  anímica que  pudiese poner  en  riesgo su  independencia.  
El  abogado debe preservar su independencia frente a las presiones de los poderes públicos  y no  debe  adquirir intereses personales en el pleito.
 Esto es, el abogado puesde estar incurso en causas de incompatibilidad absoluta para ejercer como tal y debe darse de baja en la profesión o puede estar incurso en causas de incompatibilidad relativas a un asunto y debe cesar en la defensa, velando por no originar indefensión al cliente.

·         Dignidad  y Libertad de Defensa.

El  abogado tiene el  derecho  y  el  deber  de defender y  asesorar a su  cliente: por lo  tanto,  se prohíbe la  utilización de medios ilícitos o injustos, ni  el fraude como forma de eludir las leyes. Es libre  de  aceptar o rechazar la  dirección  de un  asunto siempre que ello no produzca la indefensión del  cliente.
         La libertad debe ser entendida como  autodeterminación de la conducta en  función de los  valores  que  previamente ha  asimilado.  Si  una  persona desconoce ciertos valores, tendrá una limitación en  su libertad.  La libertad humana tiene que  ir paralela con el  sentido de responsabilidad,  pues en caso  contrario se convierte en libertinaje.
         El  hombre  es  libre  de realizar valores o rechazarlos, pero  siempre esta percepción de los valores es fundamental para  que existan actos libres.  La libertad absoluta es difícil de conseguir pues el  hombre se  halla inmerso en una serie de condicionamientos sociales que  determinan su conducta.
         La  libertad debe reflejarse en la aceptación del caso o del cliente como hemos ya dicho también al hablar de la independencia. Existe poco  riesgo  de  que  se produzca indefensión por la negativa  del  abogado a aceptar el caso dada la alta competitividad que reina en esta profesión hoy en día.
         La  defensa  es un  derecho fundamental de la  persona,  recogido en la Constitución, pero  más  allá de su  estructuración,  es un derecho humano.  Y su reconocimiento ha sido un  gran  avance de la humanidad.
El abogado está obligado a ejercer su libertad de defensa y expresión conforme al principio de buena fe y a las normas de correcta práctica profesional.
Un  abogado  defensor debe   actuar en  beneficio de la sociedad intentando garantizar a cada ciudadano acusado un juicio lo  más justo posible.  En  este sentido,  su  función se  encauza  hacia  los   intereses colectivos de la sociedad.
El  abogado es un colaborador de la justicia cuya pretensión debe  ser  obtener la  mejor sentencia para su cliente,  todos  sus esfuerzos  deben  estar dirigidos hacia  este  fin,  pues la  fiscalía y la  acusación  enfilarán  todos sus esfuerzos  en el  sentido opuesto,  siendo  el  juez  quien  debe tomar  ambas  versiones para  extraer la  verdad jurídica,  todo ello con la finalidad de dictar una decisión congruente y motivada. Teniendo como presupuesto que el proceso se entiende como  contradicción entre pretensiones que un órgano imparcial resuelve.
 Las  partes deben ser oídas contradictoriamente,  la  igualdad  de  partes  debe  asegurarse de forma que no se produzca la indefensión.
El  abogado se perfila como instrumento  que permite evitar un efectivo y  real  menoscabo del  derecho de defensa,  no  sólo protegiendo de la infracciones  que podrían ser cometidas  por los  órganos jurisdiccionales  sino cuidando la interdicción de ilegítimas privaciones o  limitaciones de los medios de defensa que podrían  producirse en el seno de un proceso.
El derecho a la defensa  con abogado no  es un derecho fundamental que puede ser  directamente ejercitado  por  los sujetos sino un derecho de prestación que debe  ejercitarse a través de los cauces procesales.   Para que se produzca efectivamente,  se requiere la utilización de normas procesales concretas y la ejecución de actos judiciales específicos de aplicación de  tales normas. 
La  actividad del juez no puede basarse en convicciones individuales simplemente morales pues ello  derivaría en  posibles condenas de inocentes y  en la  inseguridad jurídica.
         El  acusado no puede ser impedido del  derecho a alegar y  demostrar en el proceso  su verdad o su versión de los hechos a fin de obtener su reconocimiento,  pues en otro caso  se  encontraría en  indefensión.
La  absolución de su cliente que sabe culpable puede ser la finalidad que persigue el  letrado bajo el deber de la ética,  pues no  sólo  los  inocentes tienen derecho a una defensa con todas las garantías que provee el  proceso penal,  aunque ello signifique  poner toda una serie de obstáculos legales a las actuaciones de la víctima. El Fiscal  tiene otra misión: la defensa de los intereses de la sociedad. Si  entendemos que el  inocente no  necesita defensa y  el ciudadano culpable no debe  ser defendido,  daríamos la  espalda como valor superior del ordenamiento jurídico reconocido en el  primer artículo de la Carta Fundamental vigente. En  realidad,  las partes deben disponer de iguales oportunidades  de alegar  y probar  todo  lo  que consideren necesario  para el reconocimiento judicial de su postura.
         La absolución del  culpable es el  resultado del  fallo -en el sentido del mal funcionamiento- de los pasos anteriores del proceso al fallo judicial,  se  da fundamentalmente por  falta  de pruebas que acrediten la acusación a juicio del juzgador, valga la redundancia. 
El  proceso  constituye un  marco  dentro  del  cual  cada  actor -abogado,  juez  y fiscal-,  juega  un  determinado rol.  Cada uno debe ajustarse a los  parámetros de su actividad  sin  desbordarla, utilizando todas las armas éticamente aceptables para triunfar.  Todos aquellos que juegan un papel en este proceso deben estar bien preparados para ello. ¿El rol del abogado? Convertirse en la voz  que  exprese las aspiraciones jurídicas de su representado, traduciendo al lenguaje jurídico las necesidades que le hayan sido encomendadas,  siempre acatando los principios reguladores del  poder judicial.  
Aunque la autodefensa como capacidad de comparecer  personalmente ante el órgano jurisdiccional tiene cabida en  nuestra legislación, ello no obsta al derecho a contar con la asistencia letrada, puesto que el ciudadano promedio debe contar con el asesoramiento adecuado.  El derecho a la asistencia de un abogado resulta una garantía técnica que protege a todo aquel individuo que deba comparecer ante cualquier jurisdicción.  Tampoco constituye obstáculo  para la designación de abogado o  procurador por el turno de oficio  con la finalidad de asegurar el derecho de defensa.

·         Integridad

         La conducta profesional del  abogado debe ser íntegra. Ser recto,  implica no tener miedo de las consecuencias de su lucha por la justicia. Su  actuación debe  ser veraz  ante los Tribunales y debe fomentar el principio de legalidad.
   Su  actuación debe  desarrollarse teniendo en cuenta un profundo respeto de la dignidad personal  y un interés por la mejora de la calidad humana del individuo,  buscando siempre una coincidencia con los intereses generales.
Le prohíbe al  abogado  la  defensa  de  intereses en conflicto con los de su cliente.  La  lealtad hacia el  cliente parte de esta misma integridad, incluso aunque no se llegue al nivel delictivo de la prevaricación.
La integridad no es obstáculo para el respeto al Abogado adversario. La  fraternidad  hacia  los  colegas  es  importante,  pues  siempre tiene frente a sí  un  compañero contendiente que posee armas dialécticas dignas de consideración pero esta fraternidad no puede rebasar tenues límites, esto es, durante el conflicto jurídico cada Abogado debe permanecer en su lado para favorecer a su respectivo cliente y, concluido el tiempo del enfrentamiento, es el momento de la confraternización pero sin que ésta suponga una ofensa innecesaria al cliente.
         La  defensa de los intereses del cliente no  le  exime de su deber  de  colaboración con la Justicia, cuyos límites se encuentran en la no  violación de los derechos constitucionales.  
         Esta  integridad incluye una equitativa distribución del tiempo a fin de lograr un  justo  equilibrio  entre los múltiples compromisos que exige  la profesión, sin que pueda acaparar trabajos que no pueda atender debidamente.
         Debe  procurar la solución extrajudicial de los conflictos, pues el  acceso  a la administración de justicia debe  ser el último recurso.
El  letrado procurará formarse continuamente,  actualizando las herramientas jurídicas  a fin de adaptarse mejor a un mundo cambiante.

·         Secreto Profesional

La relación  Abogado-Cliente, fundamentada en la confianza,  tiene caracteres específicos que la diferencian  de otras relaciones profesionales: por un lado el  letrado se halla sometido a reglas de actuación específicas  debido a su pertenencia a un Colegio Profesional; por otra parte, se  destaca el deber de conocer las reglas técnicas del Derecho, cumpliendo obligaciones objetivas de diligencia.
         El  abogado se convierte en custodio de la intimidad personal de su cliente  y  de su  inalienable derecho a no declarar contra sí  mismo por lo que no puede  divulgar  todo aquello  que  le sea  comunicado por su  cliente ni  por  otro  abogado.
 Todo ello,  con  la  finalidad además de evitar el  lucro del abogado por la utilización de información que haya adquirido como consecuencia del ejercicio profesional. La prohibición se convierte en derecho de guardar secreto  respecto a todos  los hechos que  conozca como consecuencia de su  actuación.
El  secreto  profesional  y la  confidencialidad son deberes y derechos del  abogado  que  se  extienden más allá de tiempo en la prestación de servicios del  cliente.  Regulados históricamente tanto por normas deontológicas como por  la legislación  ordinaria.   Considerado como uno de los pilares básicos para el perfecto ejercicio del desarrollo profesional,  debe  acompañarse de plenas garantías.
Sin embargo, la frivolización del secreto profesional en aras de la obtención de audiencias televisivas es uno de los mayores atentados que está padeciendo este principio ético básico de la Abogacía y parece que no se puede poner límites a esta escalada
Por otra parte, el  abogado no puede aportar a los Tribunales las cartas que  reciba del  abogado  de  la  contraparte,  ni  las  conversaciones que mantenga con  clientes y adversarios no pueden  ser  grabadas sin previa  advertencia.
Este deber  de secreto profesional no  sólo  se extiende al  abogado  sino  a  las  demás personas  que trabajan con él, por cualquier clase de vínculo sea mercantil o laboral o familiar pero el responsable es el abogado de aquellas violaciones que se puedan producir, por tanto existe un deber de vigilar a quién se le deja acceder al círculo de la actividad profesional y más cuando las tecnologías de la información permiten el acceso a la información y su difusión fuera de todo control.

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